Regulados por el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, los CIE son establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior, destinados a la custodia preventiva y cautelar de extranjeros para garantizar su expulsión, devolución o regreso por las causas y en los términos previstos en la legislación de extranjería, y de los extranjeros que, habiéndoseles sustituido la pena privativa de libertad por la medida de expulsión, el juez o tribunal competente así lo acuerde en aplicación de lo dispuesto por el artículo 89.6 del Código Penal.

Conforme a la legislación vigente, podrán ser internadas en los CIE todas aquellas personas extranjeras en situación administrativa irregular a las que se les incoe un procedimiento administrativo sancionador por el procedimiento preferente con la finalidad de la expulsión del país, o aquellas que son detenidas en su entrada país, ya sea a través de puesto fronterizo, o eludiendo puestos habilitados, y se enfrenten a una resolución de retorno o acuerdo de devolución. Igualmente, el Código Penal recoge la posibilidad de internamiento a aquellas personas extranjeras en situación administrativa irregular que han cometido un delito cuya pena se sustituye total o parcialmente por la expulsión del país. Sin embargo, la inmensa mayoría de personas internadas obedece a infracciones de carácter administrativo. Una simple infracción administrativa, como pueda ser carecer de documentación o tener ésta caducada, puede determinar el ingreso de la persona extranjera en esos centros.

Las competencias en extranjería recaen en la Policía Nacional, la cual una vez se produce la detención, puede solicitar la autorización de internamiento al Juzgado de Instrucción competente, y acordada ésta, la privación de libertad puede durar hasta sesenta días.

Los centros de internamientos de extranjeros, desde su nacimiento han sido objeto de importantes controversias:

• Su dudosa constitucionalidad. En nuestra Constitución la privación de libertad está reservada para quienes cometen delitos, nunca para quienes infringen una norma administrativa, sin embargo, este supuesto constituye la excepción, al ser necesaria intervención judicial para el internamiento. Si bien, tanto la normativa nacional como la europea recogen el internamiento en CIE como última opción posible, solo aplicable cuando la adopción de otras medidas menos gravosas no sea posible.

• Las condiciones de los CIE. Deficiencias de todo tipo en estos centros, tanto de recursos humanos como materiales, han provocado que instituciones y organismos nacionales e internacionales denuncien en multitud de informes la situación de aquellos. Los informes de la Oficina del Defensor del Pueblo, especialmente en su función como Mecanismo Nacional contra la Tortura, así como las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado son especialmente contundentes en la calificación de estos centros.

• La falta de transparencia de estos centros. Bajo dependencia directa del Ministerio del Interior y gestionado por funcionariado de la Policía Nacional, el acceso a estos centros se encuentra muy limitado, quedando vetado su entrada a los medios de comunicación. En la mayoría de los CIE existentes en el país, es constante la negativa por parte de la Administración de permitir el acceso a los CIE a entidades y ONGs de manera normalizada, a pesar de que legalmente está prevista esta posibilidad.

Andalucía cuenta en la actualidad con un CIE, en la ciudad de Algeciras. En Algeciras, antes de que se abriera el actual, se producían internamientos en “centros informales” con una más que probable vulneración de la normativa vigente (puerto de Tarifa, escuelas abandonadas, centros policiales…).

El actual centro de internamiento de extranjeros de Algeciras conocido como La Piñera se abrió en el año 2003 siendo ubicado en la antigua prisión local, contraviniendo lo establecido en cuanto a que los CIE no debían tener carácter penitenciario.

El CIE de Algeciras ha sido y sigue siendo uno de los centros que más denuncias acumula por parte de diferentes entidades públicas y privadas.

Actualmente está prevista la construcción de un nuevo CIE en Algeciras, constituyendo uno de los mayores centros de detención de la Unión Europea, en terrenos colindantes a la actual prisión de Algeciras, lo cual induce a criminalizar aún más la visión ciudadana sobre estos centros. Su apertura está prevista para el año 2.024, con un presupuesto que ronda los 27 millones de euros.

Siempre, desde ALGECIRAS ACOGE y desde ANDALUCÍA ACOGE, hemos abogado por la supresión de los centros de internamiento de extranjeros al considerar que una mera irregularidad administrativa nunca puede dar lugar a una restricción de la libertad de las personas.

Sin embargo, no renunciamos a exigir unas condiciones más favorables en el CIE mientras sigan existiendo estos centros.

Pedimos y continuaremos pidiendo el cierre definitivo del CIE de La Piñera y oponiéndonos a la construcción del nuevo CIE de Algeciras.

Seguiremos en nuestro empeño de implicar a más personas y organizaciones locales en este objetivo común que ya compartimos con entidades de diversa índole de la provincia, siendo esta Asociación una de las fundadoras de la Coordinadora ¡CIE NO! en Cádiz, que aglutina a más de veinte entidades sociales y sindicales con presencia en la provincia.